Tratado de los delitos y de las penas

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Título: Tratado de los delitos y de las penas Autor: Cesare Beccaria Género: Ciencias sociales

De los delitos y las penas (Dei delitti e delle pene) es un ensayo jurídico escrito por el italiano Cesare Beccaria en 1764. Está considerado como uno de los libros más influyentes en la reforma del derecho penal europea de inspiración ilustrada.En esta obra se exponen ideas que hoy se asocian con frecuencia a los fundamentos del derecho, pero que en el marco social donde fue escrita resultaban ser una propuesta de reformas casi revolucionarias. El libro se publicó, de hecho, en forma muy discreta, aunque su enorme éxito hizo que se difundiera por toda Europa (la primera edición española data de 1774).

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Portada del libro Tratado de los delitos y de las penas

Tratado de los delitos y de las penas de Cesare Beccaria


Sinopsis

El "Tratado de los delitos y de las penas" es un libro escrito por Cesare Beccaria en 1764, y su título en español es "Tratado sobre los delitos y las penas".

En este libro, Beccaria argumenta que la legislación penal debe ser basada en principios racionales y éticos, en lugar de ser guiada por la tradición o la moralidad popular. Él propone una serie de reformas para mejorar la justicia y reducir la severidad de las penas, incluyendo la abolición de la pena de muerte y la reducción de las penas corporales.

En resumen, el "Tratado de los delitos y de las penas" es un importante trabajo en el campo de la criminología y la filosofía del derecho, que ha tenido un impacto significativo en la formación de la legislación penal moderna.

Fragmento del libro


Esos hombres, afortunadamente muy pocos, son conducidos ideológicamente a actuar por atribuirse el derecho de establecer, sin apelación posible, su «propia justicia», creando normas que regirán en esa guerra cuyo fin es destruir los sistemas sociales y políticos imperantes. Quienes así proceden actúan convencidos de la razón que les asiste y no tienen escrúpulos en romper esquemas tradicionales de acuerdo con los cuales robar, asesinar y secuestrar son delitos que caen de lleno en los códigos penales.


Se les ha llamado «iluminados de la violencia» a los que predican el nuevo evangelio de la destrucción y el terror, atacando el orden constituido y creando su propia justicia «revolucionaria». Cuentan para ello con cárceles del pueblo, aplican torturas, juzgan y sentencian sin garantía alguna, condenando a la pena de muerte, que se ejecuta sin apelación; establecen contribuciones, confiscando bienes o permutando vidas por dinero; chantajean a gobiernos ofreciendo el cambio de rehenes por delincuentes vulgares, convictos de haber asesinado. Son los que nunca han amnistiado a sus enemigos quienes buscan en el orden y en la justicia «burguesa» el amparo que les permite seguir su obra destructiva en la impunidad.


Lo curioso es que ese obrar sólo se da en un espacio y un tiempo determinado. No hay terrorismo en los países donde los regímenes dictatoriales desconocen los derechos humanos e imponen su propia «justicia», también «revolucionaria». El terrorismo se reserva para aquellos países donde se hacen mayores esfuerzos para avanzar en el camino de la democracia. Surgen, bien defendidos por el orden jurídico que ellos rechazan, los valientes que callan cuando la autoridad se impone, con la ley o sin ella. Quienes así actúan proceden seguros de la impunidad, olvidados que la sangre vertida llama siempre a más sangre, y de que llega un momento en que, por reacción, la víctima se convierte también en victimario.


Los que hacen justicia por sus propias manos vuelven al estado primitivo de la Humanidad. Su desconfianza en el sistema imperante les lleva a substituirlo [por otro en el que ellos se consideran capacitados para crear nuevas normas, que por la fuerza aplican. Con el mismo derecho que se arrogan el de sancionar a los demás, cualquiera puede seguir el sistema por el cual cada uno está autorizado para hacerse justicia por su propia mano. Ni por vía de absurdo esto es posible.


En todos los países, sea en estos el régimen comunista o liberal, de dictadura o de democracia, la administración de la justicia está reservada a órganos especializados, desempeñada la función de juzgar por hombres en los que el Estado delega esa facultad.


Ahora vemos a individuos que se arrogan esa potestad, decidir por sí, creando una justicia que llaman


revolucionaria


, que resuelve, sin posible apelación, aplicar como única pena la de muerte, cuando no se accede a las exigencias que se formulan, que en todo caso escapan de la posibilidad de la víctima. Otras veces, en esos cuarteles generales que deciden de vidas y haciendas, se dispone la eliminación del «enemigo», que lo es por el solo hecho de ocupar un lugar dentro de la jerarquía de Poderes que se intenta destruir; y aún, en ocasiones, se mata por matar, a fin de, sembrando el terror, provocar la reacción de sectores de opinión excesivamente sensibles ante actos de esta naturaleza.



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