Principios de política aplicables a todos los gobiernos representativos

Sinopsis

La síntesis en español del libro "Principios de política aplicables a todos los gobiernos representativos" de Benjamin Constant es:

"En este libro, Constant defiende la idea de que la mejor forma de gobierno es la que se basa en la representación democrática y en la separación de poderes. Él sostiene que el poder político debe ser limitado y que los ciudadanos deben tener un papel activo en la toma de decisiones políticas. Además, Constant aboga por la libertad individual y la protección de los derechos individuales, y considera que el gobierno debe ser responsable ante la sociedad.

En el libro, Constant analiza la política y la historia de su época, y ofrece una reflexión crítica sobre los problemas políticos y sociales de la época. También proporciona soluciones prácticas para abordar estos problemas, basadas en su comprensión de la naturaleza humana y de la política.

Fragmento del libro

Durante los años terribles que nos tocó vivir, se nos decía que si se servía a leyes injustas, era sólo para hacerlas menos rigurosas, ya que el poder cuyo depósito se acepta ocasionaría mayores males confiado en manos menos puras. ¡Transacción falsa que abría una carrera sin límites a todos los crímenes! Cada uno jugaba con su conciencia y cada grado de injusticia hallaba dignos ejecutores. No veo por qué en tal sistema no se hacía uno verdugo de la inocencia, con el pretexto de estrangularla más dulcemente.

Resumamos ahora las consecuencias de nuestros principios.

La soberanía del pueblo no es ilimitada; está circunscrita por los límites que le marcan la justicia y los derechos de los individuos. La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto. Los representantes de una nación no tienen el derecho de hacer lo que no puede hacer la propia nación. Ningún monarca, cualquiera que sea el título que invoque, fúndese en el derecho divino, en el de conquista o en el asentimiento del pueblo, posee un poder sin límites. Si Dios interviene en los asuntos humanos, es sólo para sancionar la justicia. El derecho de conquista no es otra cosa que la fuerza, no un derecho, ya que pasa a quien de ella se apodera. El asentimiento del pueblo no podría legitimar lo que es ilegítimo, puesto que un pueblo no puede delegar en nadie una autoridad que no tiene.

Se presenta una objeción contra la limitación de la soberanía. ¿Es posible limitarla? ¿Existe algún poder que pueda impedirle franquear las barreras que se le hayan señalado? Se dirá que se puede restringir el poder dividiéndolo mediante combinaciones ingeniosas. Se pueden oponer y equilibrar sus diferentes partes. Pero ¿cómo se hará para que la suma total no sea ilimitada? ¿Cómo limitar el poder de otro modo que por el poder?

Es indudable que no basta la limitación abstracta de la soberanía. Hay que buscar sus bases en instituciones políticas que combinen de tal modo los intereses de los diversos depositarios del poder, que su ventaja más evidente, más perdurable y más segura consista en que cada uno tenga límites a sus atribuciones respectivas. Sin embargo, la cuestión fundamental sigue siendo el ámbito y los límites de la soberanía, ya que, antes de haber organizado algo, hay que determinar su naturaleza y su alcance.

En segundo lugar, sin querer exagerar la influencia de la verdad, como con sobrada frecuencia han hecho los filósofos, se puede afirmar que la demostración clara y absoluta de ciertos principios constituye su mejor garantía. Ante la evidencia, se configura una opinión universal que pronto se impone. Si se reconoce que la soberanía tiene límites, es decir, que no existe en la tierra ningún poder ilimitado, nadie osará reclamar nunca semejante poder. La propia experiencia lo prueba. Ya no se atribuye, por ejemplo, a la sociedad el derecho de vida y muerte sin previo juicio. Del mismo modo, ningún gobierno moderno pretende ejercer semejante derecho. Si los tiranos de las antiguas Repúblicas nos parecen mucho más desenfrenados que los gobernantes de la historia moderna, hay que atribuirlo en parte a esa causa. Los atentados más monstruosos del despotismo de un solo individuo se debieron con frecuencia a la doctrina del poder ilimitado de todos.

La limitación de la soberanía es, entonces posible y practicable. Será garantizada primero por la fuerza, que garantiza todas las verdades reconocidas por la opinión; después lo será, de un modo más preciso, por la distribución y por el equilibrio de los poderes.

Pero comencemos por reconocer esa limitación como válida. Sin tal precaución previa, todo es inútil.

Encerrando la soberanía en sus justos límites, nada hay que temer; se arrebata al despotismo, sea de los individuos, sea de las asambleas, la sanción aparente que cree obtener en el espacio que dirige, ya que se prueba que tal espacio, aunque fuera real, no tiene el poder de sancionar nada.

El pueblo no tiene derecho de castigar a un solo inocente, ni tratar como culpable a un solo acusado, sin pruebas legales. No puede, pues, delegar en nadie semejante derecho. El pueblo no tiene el derecho de atentar a la libertad de opinión, a la libertad religiosa, a las garantías judiciales, a las formas protectoras. Ningún déspota, ninguna asamblea, puede, pues, ejercer un derecho semejante diciendo que el pueblo se lo ha conferido. Todo despotismo es, pues, ilegal; nada puede sancionarlo, ni aún la voluntad popular en que pretende fundarse, ya que, en nombre de la soberanía del pueblo, se atribuye un poder que no está comprendido en tal soberanía, y, en tal caso, ya no se trata únicamente de un desplazamiento del poder, sino de la creación de un poder que no debe existir.